se sabe que la metodología de arrojar a personas detenidas ilegalmente vivas y anestesiadas al Río de la Plata, al Atlántico o al delta del río Paraná era la forma siniestra de hacer desaparecer los cuerpos de los desaparecidos...
Los "vuelos de la muerte" fueron una práctica de exterminio de personas detenidas desaparecidas durante las últimas dictaduras militares en Argentina y Uruguay en el marco del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Mediante los "vuelos de la muerte" miles de personas fueron arrojadas al mar vivas , desde aviones militares.
En 1976 aparecieron en la costa del este del Uruguay varios cuerpos destruidos, según documentan testimonios de varios testigos en Cabo Polonio. Ya en 1977, durante el régimen militar aparecieron varios cuerpos en las costas de los balnearios atlánticos de Santa Teresita y Mar del Tuyú, unos 300 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los cadáveres fueron enterrados rápidamente como NN en el cementerio de General Lavalle, pero previamente los médicos policiales que intervinieron informaron que la causa de muerte fue el “choque contra objetos duros desde gran altura”.
Numerosos cuerpos recuperados en las costas argentinas y uruguayas pudieron ser identificados como provenientes de diferentes Centros Clandestinos de Detención. Los primeros, arrojados al mar en mayo de 1976 estuvieron secuestrados en Campo de Mayo. Otro grupo, arrojado al mar en diciembre de 1977 provenía de la ESMA. Un tercer grupo arrojado en febrero de 1978 habría estado en El Campito. Los últimos cuerpos recuperados, arrojados a finales de 1978, pasaron sus últimos días de vida en El Olimpo.
FOTOS DE LOS VUELOS DE LA MUERTE
El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.
El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.
Como informó Página/12, para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.
La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.
La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
La carpeta
El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”
Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.
Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.
Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.
“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”
Los datos
El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.
Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.
En el nuevo juicio sobre la última dictadura de Argentina (1976-1983) que comenzó este miércoles 28 de noviembre del 2012 hay 68 acusados por 789 delitos, entre secuestros, torturas, trabajo esclavo, desapariciones y homicidios, incluidos los llamados vuelos de la muerte, en los que los detenidos eran arrojados al Río de la Plata o al mar desnudos, atados de pies y manos, encapuchados y drogados con pentotal. Casi 900 testigos darán su testimonio a lo largo de dos años. Se trata del tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), que era uno de los dos principales centros clandestinos de detención del régimen, y por sus dimensiones es el mayor proceso judicial sobre el terrorismo de Estado en Argentina. Desde que en 2006 se reanudaron los juicios contra la dictadura en este país, ya ha habido 64 sentencias en las que se condenó a 244 personas, la mayoría militares y policías, según la estadística que el Centro de Estudios Legales y Sociales llevaba hasta marzo pasado.
En el primer juicio sobre la ESMA se juzgaba solo a un exintegrante de la Prefectura Naval (policía de ríos y mares), que se suicidó en 2007. Entre 2010 y 2011 se hizo el segundo proceso, en el que fueron condenados 17 represores. De ellos, 16 serán juzgados otra vez en el tercer juicio de la ESMA por otros delitos que en su momento no se analizaron. Entre estos sentenciados figuran Alfredo Astiz, conocido como El Ángel Rubio; Jorge Acosta, alias El Tigre; y Ricardo Cavallo, también llamado Sérpico, que estuvo preso en España entre 2001, cuando aún regían las leyes del perdón en Argentina, y 2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Se juzgará, por ejemplo, la desaparición de Norma Arrostito, una de los fundadores de la guerrilla peronista Montoneros, que se formó en 1970, cuando regía otra dictadura, la de 1966-1973. También se indagará sobre los detenidos que eran obligados a trabajar para el régimen en oficinas como el gabinete de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el banquillo también se sentarán cinco presuntos pilotos de los vuelos de la muerte, que fueron el destino final de muchos de los 5.000 detenidos en la ESMA. Estos vuelos fueron denunciados en su momento por sobrevivientes de este campo de concentración, hoy devenido Museo de la Memoria, y por el excapitán de navío Adolfo Scilingo, que se confesó autor de ellos, viajó a Madrid para denunciarlos ante Garzón en 1997 y allí fue condenado en 2005 y 2007 a 1.084 años de prisión. Entre los acusados por los vuelos de la muerte en el nuevo juicio figura Julio Poch, que en una noche de borrachera reivindicó ante otros compañeros de trabajo de la aerolínea holandesa Transavia su participación en esos operativos. También están dos exprefectos después reconvertidos en pilotos de Aerolíneas Argentinas, Enrique de Saint Georges y Mario Arru, y otro, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo de un hotel de la Patagonia que las víctimas “caían como hormiguitas”. En esos vuelos murieron al impactar en el agua o ahogados, entre otros, los secuestrados en la iglesia porteña de Santa Cruz, como las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas, quienes acompañaban a los familiares de desaparecidos en la búsqueda de sus parientes.
De los 68 acusados, la inmensa mayoría son exmilitares y expolicías, pero hay dos civiles. Uno es Juan Alemann, abogado y empresario que ocupó el cargo de secretario de Hacienda de la dictadura entre 1976 y 1981. Secundaba al entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, en cuya gestión se inició la apertura comercial del país sudamericano, se congelaron los salarios, aumentó la deuda externa en forma exponencial y se alimentó una burbuja financiera. Alemann, que permanece libre, está imputado porque presuntamente presenció torturas a un guerrillero que había atentado contra él. El otro juzgado es un abogado, Gonzalo Torres de Tolosa, que supuestamente participaba como voluntario en los vuelos de la muerte.
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